Asuntos Financieros

Compuesta por las instituciones nacionales encargadas de la prevención al lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo en los sectores bancario, del mercado de valores, de seguros y otros (bancos centrales, superintendencias de bancos, comisiones de valores, superintendencias de seguros, consejos nacionales de PLDFT – depende de cada país), y coordinada por los bancos centrales, la Comisión de Prevención del Lavado de Dinero y del Financiamiento del Terrorismo (CPLDFT) realizó su primera reunión en noviembre de 1996 y, como primera medida, adoptó el compromiso de debatir temas relativos a las pautas internacionales.

Es necesario coordinar esfuerzos en el intercambio de informaciones y experiencias entre las autoridades reguladoras y supervisoras de los países a fin de que cada país miembro del Mercosur mejore su actuación frente a las amenazas que se le presentan, tanto interna como externamente para prevenir el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo y de otros delitos contra el sistema financiero. Los reguladores financieros constataron que no basta con avanzar solos contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, dado que son crímenes transnacionales, con reflejos cada vez más profundos en nuestra sociedad.

En ese contexto, la Comisión trabaja para mejorar cada vez más la integración, a través de acciones concretas como memorandos de entendimiento, propuestas de manuales de supervisión, organización de seminarios, programas de capacitación y pasantías, estudios y análisis (como el movimiento de efectivo entre los países), propuestas de pautas mínimas de regulación, planillas comparativas de las normas y guías de operaciones sospechosas en los países miembros, foro virtual (que consiste en una herramienta para facilitar el intercambio de información entre los órganos reguladores y supervisores del Mercosur), estudios diversos sobre riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo y cooperación con organismos internacionales, entre otros asuntos.

La información generada por la Comisión puede ser utilizada por los gobiernos, reguladores, inversionistas, entidades financieras o no financieras y público en general. La uniformidad de acción producirá beneficios para todos los países del grupo, y la sinergia emergente de esta acción en conjunto será vital para el desarrollo de la región.