Defensa del consumidor

En materia de defensa del consumidor la normativa MERCOSUR vigente establece los siguientes derechos y beneficios:

Son derechos básicos de los consumidores en el MERCOSUR:

• la protección de la vida, la salud y la seguridad contra los riesgos causados por las prácticas en el suministro de productos y servicios considerados peligrosos o nocivos;
• la educación y divulgación sobre el consumo adecuado de los productos y servicios, quedando garantizadas la libertad de elegir y el tratamiento igualitario cuando contraten;
• la información suficiente y veraz sobre los distintos productos y servicios;
• la protección contra la publicidad engañosa, métodos comerciales coercitivos o desleales, en el suministro de productos y servicios;
• la efectiva prevención y resarcimiento de los daños patrimoniales y morales, causados respecto de los derechos individuales y colectivos o de los intereses difusos;
• el acceso a organismos judiciales y administrativos para la prevención y el resarcimiento de los daños patrimoniales y morales, respecto de los derechos individuales y colectivos o de los intereses difusos, mediante procedimientos ágiles y eficaces, garantizándose la protección jurídica, administrativa y técnica de los necesitados;
• la asociación en organizaciones cuyo objeto específico sea la defensa del consumidor y ser representados por ellas.
• la adecuada y eficaz prestación de los servicios públicos en general, por proveedores
  públicos o privados.

En los casos en que los proveedores de bienes y servicios ofrezcan una garantía, los consumidores tienen derecho a que ésta sea extendida por escrito, estandarizada para productos idénticos, en el idioma del Estado Parte de consumo (español o portugués), de fácil comprensión, con letra clara y legible y con información sobre el alcance de los aspectos más significativos de la misma.

En las relaciones de consumo realizadas por comercio electrónico a través de internet, los consumidores tienen derecho a información clara, precisa, suficiente y de fácil acceso sobre el proveedor del producto o servicio; sobre el producto o servicio ofertado; y respecto a las transacciones electrónicas involucradas. Dentro de la información que debe ser provista a los consumidores se incluye, entre otros, el procedimiento para la cancelación de la contratación, devolución o cambio del producto y/o información sobre la política de reembolso; advertencias sobre posibles
riesgos del producto o servicio; el plazo y demás condiciones a las que está sujeta la garantía legal y/o contractual y la política de privacidad aplicable a los datos personales. Tales obligaciones son aplicables a todo proveedor radicado o establecido en alguno de los Estados Partes del MERCOSUR.

Los consumidores tienen derecho a que únicamente puedan ser colocados en el mercado de consumo productos y servicios que no presenten riesgos para su salud o seguridad, excepto los considerados normales y previsibles por su naturaleza y utilización. Asimismo, los consumidores tienen derecho a recibir de los proveedores información veraz, eficaz y suficiente sobre las características esenciales de los bienes y servicios, de acuerdo con su naturaleza, en forma cierta y objetiva.

Asimismo, en las relaciones de consumo realizadas por comercio electrónico a través de internet, los consumidores tendrán los siguientes derechos y beneficios:

A los consumidores deben serles garantizados, durante todo el proceso de la transacción, el derecho a información clara, suficiente, veraz y de fácil acceso sobre el proveedor, el producto y/o servicio y la transacción realizada.

Los consumidores tienen derecho a que el proveedor asegure un acceso fácil y de clara visibilidad a los términos de la contratación, de modo que aquellos puedan ser leídos, guardados y/o almacenados por el consumidor de manera inalterable.

Los consumidores podrán ejercer su derecho de arrepentimiento o retracto en los plazos que establezca la normativa aplicable, así como también a que se les proporcione un servicio eficiente de atención de consultas y reclamos.

Tales obligaciones son aplicables a todo proveedor radicado o establecido en alguno de los Estados Partes del MERCOSUR o que opere comercialmente bajo alguno de sus dominios de internet.

Estado de vigencia actualizado al 23/06/2022