Transporte

Los titulares de una licencia habilitante para conducir vehículos automotores expedida por la autoridad de tránsito competente en un Estado Parte del MERCOSUR tienen derecho a que dicha licencia sea reconocida por los demás Estados Partes.

Los nacionales y residentes, así como las demás personas que se encuentren en el territorio de los Estados Partes, se benefician de la obligatoriedad impuesta al propietario y/o conductor de vehículos terrestres (particulares o de alquiler) no matriculados en el Estado Parte de ingreso, en viaje internacional, de contratar, en el Estado Parte de origen del vehículo, un seguro que cubra la responsabilidad civil por daños causados a personas u objetos no transportados. Dichos seguros serán válidos cuando sean emitidos por compañías aseguradoras del Estado Parte de origen del vehículo, siempre que las mismas tuvieren acuerdos con aseguradoras del o de los Estados Partes donde transiten los asegurados.

Los usuarios de servicios regulares y ocasionales autorizados de transporte internacional de pasajeros por carretera tienen derecho a viajar en vehículos que cuenten con Inspección Técnica Vehicular, identificados externamente mediante una oblea o distintivo ubicado en el parabrisas.

Las personas domiciliadas en un Estado Parte del MERCOSUR que resulten damnificadas en accidentes de tránsito ocurridos en territorio de otro Estado Parte que generen responsabilidad civil tendrán derecho a optar por iniciar la acción en los tribunales del Estado Parte:

• Donde se produjo el accidente;
• Del domicilio del demandado;
• Del domicilio del demandante.

Por otra parte, se aprobó la Resolución GMC N° 33/14 (modificada por Resolución GMC N°12/17), que no se encuentra vigente. Una vez en vigor, dicha Resolución establecerá las especificaciones que deberá contener la Patente MERCOSUR, de uso obligatorio en todos los Estados Partes para todos los vehículos que sean registrados por primera vez. Esta norma representa un avance en la consolidación progresiva del proceso de integración, en el que esté garantizada la libre circulación de vehículos, facilitando las actividades productivas y al mismo tiempo, el combate a los delitos transfronterizos como el robo de vehículos, la trata de personas y el narcotráfico.